martes, 17 de octubre de 2017

El negocio de la Violencia de Género

Por mucho que digan que las verdades absolutas no existen parece ser que hay diversos campos en esta vida en los que la posibilidad de replantearte algún postulado resulte un ejercicio manifiesto de herejía penado con la condena a lapidación llevada a cabo por un completo ejército de ignorantes. Aun así, me es totalmente indiferente el sectario medio que nos rodea a todos, y a pesar de que incluso jueces se han visto obligados a dejar sus funciones por el impulso del ruido de una masa inculta, si existe algo peor a día de hoy que ser ignorante, con los medios tecnológicos en los que nos movemos, es sin duda alguna seguir siéndolo.




Quiero comenzar este tema centrándome en el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre, que dice tal que así:

"1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad."

Es decir, a efectos pragmáticos, de ahora en adelante la Ley de VioGen, busca en su primer y más importante punto reducir las consecuencias delincuenciales referidas de hombres a mujeres dentro de relaciones análogas de afectividad. Establece un problema estadístico importante sometido a una importancia social dramática, donde cada año se producen en su mayor grado las muertes de mujeres a manos de sus parejas varones.

El Poder Legislativo del año 2004 venía establecido por una mayoría socialista que pretendió, posiblemente de muy buenas maneras y ganas, eliminar o al menos reducir en un alto porcentaje la importante problemática que venía abriendo nuestros telediarios. Fue así como empezaron a acuñarse conceptos hasta entonces poco leídos como discriminación positiva, nacido como no, de la única manera de excusar lo que venía siendo un agravio comparativo y una ilegalidad manifiesta bajo cualquier régimen democrático y de derecho, al menos de la actual Europa, saltándose a la torera en lo que establece nuestro articulado 14 de la Constitución Española donde reza que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." Es aquí donde por primera vez dentro de las leyes democráticas se da la primera discriminación por razón de sexo, ya que el mismo supuesto jurídico, una agresión de género, tiene un castigo penal mucho más fuerte si se realiza de un hombre a una mujer que si es de una mujer a un hombre.

Todo esto pudo salir adelante gracias a la definición que algún jurista consiguió dar de lo que se entendía por discriminación positiva: "La aplicación de políticas que se da a un determinado grupo social, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación, con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellos grupos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas". Se entiende entonces que al mujer, haciendo una comparativa con un régimen dictatorial como el pasado, se encontraba en una predisposición inferior al varón, algo totalmente cierto, pero que aun así para muchos otros juristas no resultaba para nada válido. Todo este debate finalizó con el resultado de votos de aquel recurso de inconstitucionalidad que pretendió tumbar con la ley y la Constitución Española en la mano la barbaridad de Zapatero. Siete votos favorables y cinco en contra finalizaron con la aprobación de dicha ley, posiblemente la más discutida de toda la democracia española. Tampoco hace falta decir qué partido tenía mayoría representativa en el TC.

Han pasado trece años y durante toda esta etapa, con gobiernos de todos los colores, se han tenido que adaptar y construir todos los nuevos recursos administrativos para llevar a cabo el desarrollo de la Ley de VioGen. Para empezar, la más importante de todas, la creación de sus propios juzgados, recogida en su artículo 52 establece que: "1. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

2. En tanto las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ésta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se establezcan en el anexo XIII de la presente Ley."

Sin irnos muy lejos y aburrirnos en cifras inexplicables, solamente las Delegaciones de Gobierno pueden aportar 30 millones de euros anuales, sumándoles entre 2005 y 2010, Gobierno de ZP, 1500 millones más salidos desde todos los fondos ministeriales, como Justicia, Economía, Educación, Sanidad, Interior o Secretaria de Estado de Comunicación, además de la creación ad hoc del Ministerio de Igualdad, con sus miles de funcionarios habilitados. Aun así se siguieron firmando acuerdos que contemplaron subidas de 500 millones más. En la actualidad entre Prespuestos Generales del Estado, Autonómicos y Locales, rondan algo más que 50.000 mil millones de euros dedicados a la causa, sin contar en ningún solo momento las Subvenciones Europeas, todo ello con las siguientes conclusiones que analizaremos a continuación.


Por desgracia las mujeres siguen muriendo en manos de sus maridos. Con los datos del siguiente gráfico que enumera hasta finales de 2016, sale una media anual de 60 mujeres asesinadas, con un importante repunte tras la aprobación de la Ley de VioGen. Cualquiera que haya aplicado tan sólo una vez en su vida el método científico o una deducción de parvulario llegaría a la conclusión de que esta ley no es para nada eficaz, definiéndose legalmente la eficacia como el grado de aceptación y cumplimiento de las normas de la sociedad, diciéndose que una norma es eficaz cuando sus destinatarios actúan conforme a lo prescrito en ella, de lo que se puede sacar los asesinatos cometidos de hombres a sus mujeres siguen manteniendo un comportamiento tras trece años de desarrollo y puesta a punto, sin desobedecer los cánones normales a cualquier otra ley anterior. Es decir, el comportamiento estadístico no ha variado, la gráfica bien podría recogerlos como asesinatos al uso, por lo que se puede concluir con la objetividad en la mano que la Ley de VioGen no es para nada efectiva.
Existe una variable importantísima pero de la cual solamente quiero hacer un pequeño repunte para que cada uno valore a su parecer. Podéis observar la tasa de víctimas extranjeras. Sin más. Todo ello coincidente con el efecto llamada que hizo el gobierno de Zapatero y su Alianza de Civilizaciones. Se nos ha intentado vender que España es un país machista donde sigue existiendo un hombre rudo que vive de someter a su mujer como si estuviese en las cavernas, pero la realidad es bien otra, donde casi un 50% de los asesinatos por esta causa son producidos entre extranjeros, los cuales vienen de otros valores familias totalmente diferentes.





Si entramos a debatir una concepción más filosófica de la VioGen lo primero que se puede observar que es dicha ley presupone de antemano que la mujer necesita de por sí una tutela jurídica estatal por el simple hecho de ser mujer. Trata a las mujeres como personas físicas a proteger, como si de ellas no existiese la voluntad por salir adelante bajo su trabajo, su libertad y su poder económico. Es así como incluso en España aunque maltratasen a Esther Koplowitz tendriá derecho a una tutela judicial enteramente gratuita, que ya por eso se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado. Aquí es donde comienza el negocio.


Vista y demostrada la ineficacia de la Ley de VioGen, los políticos comenzaron a hacer grandes huidas hacia delante, sin buscar ninguna solución al respecto. Recordemos que la Ley de VioGen se aprobó con mayoría en el Congreso por todas las partes políticas, ya que hubiese resultado imposible posicionarse en contra aunque fuese de uno de sus artículos. Es aquí cuando nace el Pacto Contra la Violencia de Género, que en cualquier otro país que legislase medianamente serio no dejaría de llamarse simplemente Código Penal. Los más inteligentes llegaron a la conclusión de que todo esto se solucionaría con importantes partidas presupuestarias que deben subir año tras año ocurra lo que ocurra, todo ello siempre dependiente del número de casos, reales o no, y sobre todo para forjar un carácter preventivo basándose únicamente en las denuncias presentadas ante tales estamentos como comisarias de Policía Nacional, Guardia Civil o Juzgados. Así comenzó todo, hasta que se terminaron abriendo los teléfonos de atención gratuita como el 016, los Institutos de la Mujer dependientes del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y a su vez todos ellos dependientes de cada Comunidad Autónoma. Así en vez de centralizar los casos y darle una solución integral nos vemos nuevamente con diecisiete maneras distintas de abordar un mismo problema, todos ellos con diferentes recursos.


La condición de Víctima de Violencia de Género ya no lleva consigo la protección jurídica que toda mujer maltratada merece dignamente, donde no sólo se le debe dar una solución real y efectiva atendiendo al Ordenamiento Jurídico y se le deba asegurar su integridad física, sino que el plan de Protección Integral recoge consigo ayudas económicas e incluso la desestimación de cualquier procedimiento administrativo en materia de extranjería, pudiéndose retomar años después de que las resoluciones judiciales saliesen públicas. Vamos, que interponer una denuncia lleva aparejada por lo pronto la petición de una paga, hasta un piso y si te encuentras en una situación irregular con la incoación de un expediente de expulsión, el freno de dichas actuaciones. Mientras tanto, siguen muriendo las mismas mujeres de siempre. Aun así, año tras año se siguen ampliando los presupuestos del Pacto Contra la Violencia de Género.


La Protección Integral se va profesionalizando, incorporando a diversos gremios que se sienten con representación como para mamar de la gran teta del Estado. De éstos podríamos señalar los trabajadores sociales o los equipos de psicólogos, ojo, muchos de ellos totalmente necesarios para tratar la victimología de estos casos. El paso por las dependencias policiales o judiciales puede ser un trago realmente complicado para todas estas mujeres.

Los Juzgados de Familia ahora deciden sobre la custodia de los hijos en aquellas parejas que han sufrido maltrato, tanto físico como psicológico, en los que diversos casos para muchas detenciones de varones ni se venía exigiendo un informe facultativo, bastante con denunciar unas amenazas leves para que la Ley de VioGen las considerase delito. Las campañas de prevención ya no van dirigidas a la protección de la mujer, sino al aumento de las estadísticas, para seguir con ello engordando los presupuestos. Todo esto sucede cuando Europa empieza a subvencionar el problema.

Como hemos visto en actuales casos como el de Juana Rivas, la Ley de VioGen intenta incluso hacerse prevalecer ante un caso de Derecho Internacional Privado donde la competencia reside en Italia. Se siguen ampliando nuevamente los presupuestos, pero sin embargo siguen muriendo las mismas mujeres. A efectos prácticos las víctimas han aumentado: por un lado tenemos a 60 mujeres asesinadas al año a manos de sus maridos, pero a su vez sumamos otro gran montón de maridos detenidos y/o condenados por la discriminación positiva que otorga la Ley de VioGen.

En la actualidad el principal problema para reconducir la situación es abordar con seriedad las denuncias falsas. La Fiscalía señala que sólo el 0,01% de las denuncias por violencia de género son falsas, dato más que curioso ya que bajo ninguna actividad delictiva el 0,01% de la denuncias resulta falsa. Si atendemos a los datos facilitados por el CGPJ más del 45% de las denuncias por este tema terminaron con un sobreseimiento, es decir que casi la mitad de ellas no pudieron ser probadas ante un tribunal. Entre 2004 y 2015 archivó más de un millón de denuncias que no fueron probadas o directamente fueron consideradas simulaciones de delito. Aun así la totalidad de los afectados fueron detenidos y puestos a disposición judicial, con la privación de diversos derechos y la suspensión de otros tantos. En ninguno de los casos las penas por delitos de falsas denuncias se parecen a las penas que los fiscales pedían para sus maridos o parejas. Lo mas triste de todo es que entre los propios órganos todos dependientes del Ministerio de Justicia sean incapaces de ponerse de acuerdo por intereses económicos.




Esto es muy simple, si no hay denuncias no hay estadísticas, si no hay estadísticas no aumentan los presupuestos. El número total de denuncias interesa y mucho, independientemente de la veracidad de las mismas, puesto que existe un interés irrefutable por ocultar el porcentaje real de falsas denuncias. Se podría añadir algo mucho más fuerte y es que, para algunas asociaciones interesa incluso que ocurra el mayor horror de todos, económicamente hablando. Mientras tanto se sigue todavía aun más ampliando el presupuesto y las subvenciones europeas ya son una realidad más que contrastada. Quien se atreva a opinar algo al contrario, sea político o sea juez, se verá obligado a abandonar su cargo apaleado por las legiones feminazis, con muchas de sus representantes lesbianas que por definición no han sufrido ni sufrirán jamás violencia de género. Sí, lo se, no soy para nada políticamente correcto. Se llega a decir que por cada denuncia recogida en España la UE subvenciona al Gobierno con 3000€. Mientras tanto, todos los años siguen muriendo las mismas mujeres, pero ahora sí, cada día son puestos a disposición judicial más inocentes.




A su vez de este mismo informe salen numerosas partidas presupuestarias dependientes de la misma bolsa para por ejemplo desarrollar un Mapa de Excitación del Clítoris, defendido en su momento por la Ministra Bibiana Aido.

Otro año más y se siguen manifestando por ampliar los presupuestos a favor de VioGen, sin embargo nada ha cambiado al respecto, siguen muriendo las mismas mujeres, siguen las huidas hacia delante. Se fortalece la ley, se encorsetan los matrimonios, se legislan situaciones privadas relacionadas con problemas educativos más que delictivos. La situación de la mujer como víctima maltratada lleva implícito un sometimiento de su marido o pareja por el mero hecho de ser hombre y ella mujer, algo que no ocurre jamás en los casos en lo que ella misma es la que incumple la orden de alejamiento buscando más agravio si cabe contra su pareja, porque conoce que la ley le dará la razón. Los primeros jueces tuvieron que ser muy valientes a la hora de crear jurisprudencia como la Sentencia de AP Barcelona, Sección 20, de 4 de febrero de 2009, donde se señala que la mujer era conocedora de la situación en alcance y tiempo y presentaba ánimo de incumplir dicha resolución judicial por lo que fue juzgada como cooperadora necesaria de un delito de quebrantamiento de condena.

Todo esta vergüenza jurídica que lo último que hace es mirar por el bien y por la protección integral de las mujeres verdaderamente maltratadas, ha tocado techo con el caso de la sentencia firmada por la Juez -aunque a ella le gusta que le llamen Jueza- Gloria Poyatos. El caso comienza en 1994, cuando una señora acude al Instituto Canario de la Mujer para recibir ayuda por un caso de maltrato. En 1995 esta señora se separa y en 1997 consigue el divorcio. Ella presentó durante esos años denuncias por amenazas. Era la palabra de ella contra la de su marido. No existía ningún parte facultativo. Todas las denuncias fueron archivadas. Cada uno hizo su vida por su lado.


Tras correr el tiempo esta supuesta afectada, con todas los casos sobreseídos y para más inri con su propio exmarido ya fallecido decide buscarse la paguita gracias a una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, consiguiendo la condición de víctima de violencia de género para lo cual necesita intrínsecamente juzgar al ya fallecido y otorgarse la etiqueta jurídica de maltratador para que pueda hacerse efectiva la condición de víctima. Este esperpento jurídico ha salido adelante gracias al argumento de la "perspectiva de género". Una incongruencia tan inoportuna como la darle juzgar a un muerto es posible en una sociedad el lobby feminazi es tan poderoso que es capaz de cambiar por completo el Ordenamiento Jurídico. Si algún profesional rechista no duden que lo forzarán a dimitir hasta límites insospechados. El Juez Francisco Serrano ya es conocedor de lo que te puede ocurrir si te atreves a recordar en voz alta las premisas básicas de nuestra Constitución Española.



Lo más curioso sobre este tema es que el mismo CGPJ el que avala los datos que aportaba el Juez Serrano como hemos podido comprobar algunos párrafos más arriba.

El problema que ha generado todo este negocio es que se ha dejado de focalizar el asunto sobre la verdadera víctima y se ha terminado colapsando el sistema bajo casas de acogida con mujeres que no las necesitan, paguitas de señoras que tiene dos brazos y dos piernas para trabajar y custodias negadas al marido para seguir administrando las pensiones de sus hijas. Esto termina por destruir más aun la confianza en el sistema de la auténtica mujer maltratada, la misma de la que no podrá disponer del 100% de efectividad que la Administración Pública debe presentarle como garante de todos sus derechos, por culpa de un sistema viciado por irresponsables que se enriquecen tanto de la desgracia ajena como de la ficción con la que están traficando.

Bajo mi humilde punto de vista creo que sería posible una solución real y con real me refiero a una solución que mire sólo y exclusivamente por la mujer maltratada. Es en ella y sólo en ella para la que hay que legislar ya que no podemos obviar la existencia real de que hay más hombres que matan a mujeres que mujeres que maten a hombres. Todo este problema se hubiese minimizado si se hubiese protegido la familia, el hogar y las relaciones afectuosas incluso sin convivencia, imponiendo en primar lugar la misma pena a ambos miembros no menoscabando en ningún momento los derechos de ninguno y no olvidando jamás la presunción de inocencia, algo que ahora es inexistente en algunos casos, y sobre todo aplicando la ley con la misma dureza en las penas, como un efecto espejo, para las falsas denuncias. Si encima aceleramos la prisión preventiva para evitar asesinatos, muy posiblemente habríamos ridiculizado los números de esta índole y no se hubiesen presentado tantísimos inocentes frente a un juez, ni se hubiesen asesinado tantas mujeres, con todo el proceso destructivo personal y económico que ello conlleva.

Desde el punto y hora en el que vale menos el escupitajo de una mujer que el del hombre, algo estamos haciendo mal. Sin duda alguna la Ley de Violencia de Género es el acto más machista al que puede verse sometida una mujer, ya que predispone su figura a una indefensión ante el hombre, por el hecho de ser mujer. La califica de inferior y le otorga un rol desequilibrado. Una pena que esta condición irrefrenable y esta protección desproporcionada no ocurra en el caso de los menores, cuando todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado por esos años, no obstante podemos decir que la mitad de la población no hemos nacido mujeres. Otra conclusión podría ser que la Ley de VioGen se aprobase un 28 de diciembre y a ZP se les hubiese olvidado recordarnos que en realidad era una inocentada.

Ojalá desde el principio de toda problemática se hubiese mirado por el bien de las víctimas y jamás se hubiese desprendido el foco de ellas, porque lo que deseamos todas las personas de bien, es que los delincuentes estén cumpliendo sus condenas y las víctimas puedan continuar con sus vidas tranquilamente. Lo siento por todas vosotras y por todos vosotros, por las auténticas víctimas de la ineficacia de una horrible legislación y el desarrollo suicida de la misma.

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