Hay noches en las que uno comete el error de hacerse una pregunta demasiado sencilla. Son las peores. Empiezas buscando una respuesta de dos líneas y terminas varias horas después con veinte pestañas abiertas, documentos del Congreso norteamericano, patentes, artículos científicos y la sensación de que alguien ha escondido un elefante detrás de una montaña de lenguaje administrativo. A mí me ocurrió preguntándome qué pasa exactamente con los restos humanos después de un aborto. No cuándo comienza la vida, ni qué partido tiene razón, ni qué dice la Iglesia, ni qué derechos tiene la mujer. Eso daría para otras veinte noches. Mi pregunta era mucho más material. Termina la intervención. Hay tejidos, órganos y restos humanos. ¿Qué ocurre después? ¿Se destruyen? ¿Se conservan? ¿Pueden donarse? ¿Quién los recibe? ¿Existe una cadena de custodia? ¿Puede seguirse su rastro? Y si en algún momento aparece dinero, ¿quién paga y por qué?
NIH — Marco regulatorio de la investigación con tejido fetal humano
Pensaba que encontraría una respuesta aburrida. Un protocolo sanitario, una empresa de residuos biológicos y a dormir. Pero no. En Estados Unidos, una parte de esos tejidos puede destinarse legalmente a investigación bajo determinadas condiciones, con consentimiento y sometida a normas específicas. El NIH define como tejido fetal humano las células o tejidos obtenidos de un embrión o feto muerto después de un aborto espontáneo, provocado o de una muerte fetal. Y aquí aparece una primera grieta terminológica bastante importante. Esa definición no incluye necesariamente las líneas celulares fetales ya establecidas. Parece una cuestión menor hasta que uno comprende que una muestra obtenida una sola vez puede convertirse en una población de células cultivadas durante décadas y distribuida posteriormente entre miles de laboratorios. A partir de ese momento ya no estamos siguiendo un trozo de tejido. Estamos siguiendo su descendencia.
Hace algunos años, allá por 2019, subí la primera publicación relacionada con este tema, aunque por aquel entonces quise centrarme más en la manida idea de querer hacer del aborto un derecho y todo lo que ello implicaba más allá de lo falsamente emocional o jurídico. Así que te lo dejo por aquí porque seguramente no venga mal recordarlo, a pesar de que me dejase todas aquellas cosas en el tintero de las que hablaremos hoy.
EL DERECHO AL ABORTO Y LA NIEBLA
Este historia comenzó a volverse incómoda en 2015. El Center for Medical Progress publicó una serie de grabaciones encubiertas realizadas a personas vinculadas con Planned Parenthood y con organizaciones relacionadas con la obtención de tejidos fetales. Los vídeos explotaron inmediatamente en la guerra cultural norteamericana. Una guerra de la que nada llegó a Europa. Ningún noticiero español señaló lo más mínimo. Ningún periódico. Algo que bajo mi punto de vista debería haber sido portada en toda la prensa internacional pasó desapercibido. Y sigue pasando.
Los activistas que los grabaron aseguraban haber destapado un negocio con órganos de fetos abortados. Planned Parenthood respondió que las grabaciones habían sido editadas de manera engañosa y que las cantidades de dinero mencionadas correspondían a reembolsos por costes permitidos legalmente. Cada bando tenía ya preparado su titular antes de que terminara el vídeo. Lo interesante ocurrió después. El asunto abandonó las redes sociales y terminó dentro del Congreso de Estados Unidos. Allí ya no bastaban los eslóganes. Había que enseñar contratos, explicar facturas y responder preguntas. Algo bastante más desagradable que soltar un argumentario en los mismos medios que te apoyan.
NIH — Definición oficial y requisitos sobre tejido fetal humano
El 20 de abril de 2016 se celebró una audiencia de la Cámara de Representantes con un nombre que parece diseñado expresamente para impedir que uno cierre el navegador. The Pricing of Fetal Tissue. El precio del tejido fetal. Y aquí no estamos hablando de la denominación que bien podría haber utilizado yo mismo para titular este post. Así se titulaba la audiencia oficial. En ella se examinaron documentos empresariales, precios, intermediarios y mecanismos de compensación relacionados con la obtención y distribución de tejido fetal. Conviene ser exactos. Que el Congreso investigue algo no significa que aquello que investiga sea necesariamente ilegal. Pero también conviene evitar la ingenuidad contraria. Si una comisión parlamentaria dedica una audiencia a estudiar cómo se fija el precio de determinados tejidos, quizá la explicación de que todo consiste simplemente en una donación altruista se queda algo corta.
Cámara de Representantes de Estados Unidos — The Pricing of Fetal Tissue
El detalle jurídico es todavía mejor. La legislación federal prohíbe adquirir, recibir o transferir tejido fetal humano a cambio de una contraprestación económica en las circunstancias previstas por la ley. Hasta aquí todo parece claro. Después llega la letra pequeña. La misma norma permite determinados pagos razonables relacionados con transporte, procesamiento, conservación, implantación, control de calidad y almacenamiento. Y de repente la cuestión moral termina sentada delante de una hoja de Excel. Si un centro recibe dinero, eso no demuestra por sí mismo que haya vendido el tejido. Puede estar cobrando gastos legítimos. Para saberlo hay que calcular cuánto costó realmente obtener, procesar, conservar y transportar la muestra. Ya no necesitamos un filósofo. Necesitamos un contable.
Por eso las facturas resultan mucho más interesantes que las declaraciones solemnes. El Congreso examinó las relaciones existentes entre clínicas, proveedores de tejidos, intermediarios y centros de investigación. La mayoría republicana de la comisión terminó formulando acusaciones graves y realizó remisiones a distintas autoridades. Los demócratas de la comisión respondieron que la investigación estaba políticamente dirigida y que determinadas conclusiones no demostraban la existencia de un tráfico ilegal. No voy a convertir cientos de páginas de documentos en una sentencia que los propios investigadores discutieron entre ellos. Lo verdaderamente relevante para mí está un escalón antes. Existían proveedores. Existían intermediarios. Existían laboratorios receptores. Existían pagos. Lo que estaba en disputa era la naturaleza de esos pagos y si se limitaban realmente a los costes autorizados por la legislación.
U.S. Government Publishing Office — Informe final de la investigación parlamentaria
Hasta aquí la historia ya era suficientemente turbia para entretenerme un par de noches. Entonces aparecieron las líneas celulares y tuve que abrir otras diez pestañas. Una de las más conocidas se llama HEK-293. Su nombre completo es Human Embryonic Kidney 293. Fue desarrollada en los años setenta a partir de células embrionarias renales humanas transformadas mediante ADN de adenovirus. El artículo científico clásico de Graham y sus colaboradores apareció en 1977. Investigaciones posteriores describen la línea como procedente del riñón de un embrión humano abortado. Desde entonces HEK-293 se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas de la investigación biomédica. Se emplea para estudiar proteínas, receptores, virus, señalización celular y multitud de procesos biotecnológicos. El punto importante es que no hace falta realizar un nuevo aborto cada vez que alguien abre un frasco de HEK-293. Aquellas células originales dieron lugar a una línea que puede cultivarse, congelarse, descongelarse y reproducirse durante muchísimo tiempo.
Scientific Reports — historia y utilización de la línea HEK-293
Esto rompe una de las imágenes mentales más habituales del asunto. Cuando alguien escucha que una empresa farmacéutica utiliza células procedentes de un aborto puede imaginar a un laboratorio recibiendo continuamente fetos para fabricar medicamentos. No funciona necesariamente así. Una línea establecida hace medio siglo puede seguir utilizándose sin obtener nuevo tejido fetal para cada experimento. Algo parecido sucede con WI-38 y MRC-5, líneas de células pulmonares fetales desarrolladas en los años sesenta y utilizadas históricamente en investigación virológica y en procesos de fabricación de algunas vacunas. El origen es fetal. La utilización posterior se realiza sobre bancos celulares derivados de aquellas muestras originales. Esto no convierte mágicamente ese origen en inexistente, pero tampoco significa que cada dosis de una vacuna contenga un trozo del feto original. Son dos afirmaciones diferentes y mezclarlas sirve estupendamente para ganar discusiones en Internet, pero bastante poco para comprender lo que realmente ocurre.
Características de una célula diploide humana denominada MRC-5
Y entonces llegué a Senomyx. Confieso que aquí pensé que había entendido mal lo que estaba leyendo. Senomyx fue una empresa biotecnológica dedicada a investigar cómo percibimos los sabores y a descubrir sustancias capaces de modificar esas sensaciones. El objetivo comercial era evidente. Si consigues que algo parezca más dulce utilizando menos azúcar, has encontrado una tecnología con un valor enorme para la industria alimentaria. Entre las herramientas experimentales utilizadas por Senomyx aparecen sistemas basados en células HEK-293. Una de sus patentes describe células modificadas para expresar los receptores humanos del sabor dulce T1R2 y T1R3. Se exponían esas células a distintas moléculas y se observaba su respuesta. En términos sencillos, habían convertido células de una línea de origen embrionario humano en pequeños detectores biológicos para buscar sustancias relacionadas con el dulzor.
Aquí es donde uno debe resistirse a estropear una historia magnífica exagerándola. Las células no eran el edulcorante. Tampoco eran un ingrediente que se añadiera al refresco. Funcionaban como herramienta de laboratorio. El investigador introduce receptores en la célula, añade una molécula candidata y observa si se produce la respuesta que busca. Si la molécula resulta interesante, continúa estudiándola. Decir que se han utilizado células HEK-293 en tecnologías para investigar sustancias relacionadas con el sabor es documentalmente defendible. Decir que las empresas alimentarias ponen restos de fetos en los refrescos no lo es. Y esto me parece importante porque las mejores conspiraciones siempre nacen de un mecanismo parecido. Empiezan con una verdad extraordinaria, eliminan una distinción técnica que molesta y terminan con una conclusión todavía más extraordinaria para la que ya no hay documento alguno.
Acuerdo económico entre Senomyx y PepsiCo
La siguiente pregunta era inevitable. ¿Quién pagaba por estas tecnologías? En 2010 aparece PepsiCo. Senomyx y PepsiCo firmaron un acuerdo para investigar y desarrollar nuevos ingredientes capaces de potenciar el sabor dulce en bebidas no alcohólicas. Y aquí volvemos a abandonar los rumores para regresar a los documentos empresariales. La información remitida a la Securities and Exchange Commission refleja un pago inicial de 30 millones de dólares, además de otros compromisos económicos relacionados con investigación y desarrollo, junto con posibles pagos adicionales y regalías. No estamos diciendo que Pepsi pagara 30 millones por células fetales. Eso sería falso. Pagaba por un programa de investigación y por derechos relacionados con tecnologías del sabor. Lo interesante es observar hasta qué punto puede crecer el valor económico generado muchos pasos después del material biológico del que surgieron algunas de las herramientas de investigación empleadas por aquella empresa.
Anuncio corporativo del acuerdo con Senomyx
Y mientras leía todo aquello apareció un vídeo reciente que resume bastante bien otro problema de este debate. El 28 de abril de 2026, durante una audiencia de la Subcomisión de Constitución y Gobierno Limitado de la Cámara de Representantes, el congresista republicano Brandon Gill interrogó a Jessica Waters, profesora y especialista en derecho reproductivo de American University. La audiencia trataba sobre la FACE Act. Gill decidió apartarse momentáneamente de la discusión jurídica y preguntarle algo bastante menos burocrático. “What’s your favorite type of abortion?”. Waters respondió defendiendo que las pacientes debían tener acceso a la atención sanitaria reproductiva. Gill insistió y comenzó a describir, empleando un lenguaje deliberadamente gráfico, distintos procedimientos de aborto mientras volvía a preguntarle cuál prefería. Waters evitó escoger uno e intentó regresar al objeto de la audiencia. Se puede considerar aquello una pregunta tramposa, una maniobra política brillante, una provocación o las tres cosas simultáneamente. Lo que resulta interesante es ver cómo cambia la conversación cuando las palabras abstractas son sustituidas por una descripción física del procedimiento que se está discutiendo.
Lo que me interesa del vídeo no es decidir quién ganó el combate dialéctico. Esa forma de consumir la política me aburre bastante. Me interesa otra cosa. Durante años hemos construido alrededor del aborto un vocabulario extremadamente abstracto. Salud reproductiva, interrupción del embarazo, viabilidad, elección, derechos, producto de la concepción. Todos esos conceptos pueden ser jurídicamente útiles y algunos son médicamente necesarios, pero también producen distancia. Gill hizo exactamente lo contrario. Sustituyó el concepto abstracto por una descripción física brutal y obligó a su interlocutora a responder desde allí. Sus descripciones eran además retóricas y políticamente cargadas, por lo que no deben confundirse sin más con una explicación clínica neutral. Precisamente por eso merece la pena ver el vídeo completo y no únicamente los treinta segundos que circulan por redes. El contexto cambia mucho dependiendo de quién haya realizado el corte.
Fox News — Contexto y vídeo corto del intercambio entre Brandon Gill y Jessica Waters
Todo esto me devolvió a la pregunta inicial. El problema es que a estas alturas ya no sabía exactamente qué significaba “trazabilidad”. Si hablamos de una muestra concreta recién obtenida, puede haber documentación sobre consentimiento, centro de procedencia, procesamiento, almacenamiento y receptor. Pero si aquella muestra termina dando lugar a una línea celular, la historia se ramifica. Un laboratorio puede adquirirla, cultivarla y proporcionar células a otro laboratorio. De allí pueden salir artículos científicos, nuevas variantes celulares, técnicas experimentales y patentes. Décadas después puede aparecer una aplicación industrial que nadie habría imaginado cuando se obtuvo el tejido original. Pretender seguir ese recorrido como quien introduce un código de Correos en una página web es imposible. Ya no existe un paquete viajando por una carretera. Existe un árbol con miles de ramas.
DONDE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA CONVERGEN
Ahí aparece además una cuestión económica mucho más interesante que preguntar cuánto cuesta un feto. Imaginemos que el tejido original se dona sin recibir nada a cambio. Después alguien cobra únicamente los gastos legalmente permitidos por procesarlo. Un laboratorio investiga con él. Otro investigador desarrolla una técnica. Una universidad registra una patente. Una empresa licencia aquella tecnología. Diez años después una multinacional firma un contrato de cincuenta millones de dólares para explotarla. Puede ocurrir todo eso sin que nadie haya comprado ilegalmente el tejido original. El dinero no está necesariamente en el origen de la cadena. Puede aparecer mucho después. Y ahí es donde el lenguaje comienza a hacer cosas maravillosas. Lo que empezó llamándose tejido fetal termina convertido en muestra, cultivo, línea celular, plataforma tecnológica, propiedad intelectual, licencia y finalmente activo comercial. La materia apenas ha cambiado de familia. Lo que cambia continuamente es su nombre.
Transcripción oficial completa de la audiencia del 28 de abril de 2026
La regulación tampoco se ha quedado congelada en 2016. En enero de 2026, el NIH anunció que sus fondos ya no podían utilizarse para investigaciones con tejido fetal procedente de abortos electivos. La medida sigue permitiendo determinadas investigaciones con material procedente de abortos espontáneos o muertes fetales. Y vuelve a aparecer aquella distinción aparentemente inocente que encontramos al principio. Las líneas celulares fetales ya establecidas quedan fuera de algunas de estas definiciones regulatorias. Es decir, puedes cerrar la puerta a la obtención financiada de nuevo tejido y al mismo tiempo continuar utilizando descendientes celulares de muestras obtenidas décadas atrás. Hay algo fascinante en esa capacidad de una muestra biológica para sobrevivir administrativamente a la época, a las personas e incluso a las normas bajo las que nació.
Cuanto más leo sobre estas cosas, menos necesito las conspiraciones clásicas. Me parecen incluso un poco infantiles. Siempre requieren una habitación oscura, doce multimillonarios, tres masones y alguien acariciando un gato mientras decide el destino de la humanidad. La realidad moderna es bastante más aburrida y precisamente por eso funciona mucho mejor. Necesitas una legislación de cuatrocientas páginas, varios contratos privados, un par de patentes, un intermediario, una universidad, una empresa biotecnológica, dos departamentos jurídicos y suficiente terminología especializada para que nadie tenga ganas de leer hasta el final. No hace falta esconder la información. Puedes publicarla toda. Basta con repartirla entre cincuenta documentos diferentes.
SEC — Documentación financiera de Senomyx
Y después de todo este recorrido sigo sin poder responder con una sola frase a aquella pregunta inicial. Quizá por eso la pregunta que me quedó tras cerrar todas aquellas pestañas ya no era la misma con la que había empezado. Yo quería saber dónde acababan los restos de un aborto. Ahora me interesa saber dónde acaba su valor. Porque son dos recorridos completamente diferentes. El tejido puede desaparecer físicamente mientras una línea celular derivada de él continúa existiendo. La línea puede acabar en un congelador mientras una patente basada en experimentos realizados con ella sigue produciendo dinero. La patente puede caducar mientras el conocimiento científico permanece y permite desarrollar otra tecnología. Una donación realizada una sola vez puede incorporarse así a cadenas científicas y económicas que sobreviven durante generaciones. Y quizá ahí esté la parte que más me inquieta de toda esta historia. No hace falta descubrir cuánto cuesta comprar una vida humana. Resulta bastante más interesante averiguar cuánto valor puede llegar a producir una parte de ella después de que la ciencia, la burocracia y el mercado hayan aprendido a llamarla de otra manera.
Puede que ahí esté la parte más oscura de todo esto. No en aquello que podemos demostrar, sino en lo que resulta prácticamente imposible reconstruir después de atravesar capas de legislación, confidencialidad médica, contratos privados, patentes, intermediarios y décadas de investigación. No tengo ninguna prueba de que la expansión del derecho al aborto responde a una estrategia destinada a aumentar la disponibilidad de tejido fetal, y afirmarlo como un hecho sería intelectualmente deshonesto, pero tampoco tengo dudas al respecto sobre ello. Lo veo meridianamente claro. También sería ingenuo fingir que la ausencia de una trazabilidad pública completa elimina cualquier pregunta incómoda. Cuando una práctica acaba produciendo un material biológico con utilidad científica y potencial económico, mientras el discurso social tiende a presentarla cada vez más como una intervención sanitaria rutinaria, profiláctica y desprovista de consecuencias materiales posteriores, resulta legítimo preguntarse quién se beneficia de que jamás contemplemos la cadena completa. Quizá no exista ninguna mano invisible fomentando abortos para alimentar laboratorios.
Quizá todo sea simplemente la suma de decisiones independientes, intereses legítimos y burocracias tan complejas que nadie pensó en permitir al ciudadano reconstruir el recorrido completo. Pero ahí empieza precisamente la inquietud. Porque cuanto más se publica, más cuesta ver el conjunto. Las piezas están, los documentos existen, las patentes son públicas, las audiencias también, y aun así resulta casi imposible seguir el hilo de principio a fin. Para mí es un secreto a voces, pero de nada importa lo que a mí me parezca. Puede llamarse complejidad, fragmentación o simple opacidad institucional. Yo todavía no sé exactamente dónde termina una y empieza la otra. Puede que no sepa identificar exactamente la frontera, pero sé que la hay y que la diseñaron a sabiendas.
Y también lo que sí sé es que una conspiración comienza en el momento justo en el que alguien intenta unir piezas de un puzzle cuyo creador prefiere que se contemple por separado. Y puede que, en este caso, no se me dé bien identificar fronteras con precisión. Porque ni ellos, ni los que forman el puzzle, lo sabrían. Pero de conspiraciones, créeme, que algo sé.