A mediados de los años noventa, Carlos Saldaña, padre de familia, casado y con una hija, decide reconocerle de una vez por todas a su esposa su homosexualidad rompiendo con ello el proyecto de vida en común que habían iniciado. Separado y fruto de la soledad, como él mismo indicó, emprendió la aventura de abrir un local de copas, un centro de reunión solo para hombres, de ambiente homosexual, para además de intentar facturar beneficios atraer a su nueva vida la compañía de su mismo sexo que durante tantos años echó en falta. Así fue como nació el Pub Arny.
EL TESTIGO Nº1
En 1995, en una ciudad ya algo menos resacosa por aquella explosión de júbilo que supuso la EXPO`92 y siempre como mantuvo la versión oficial, se iniciaron unas investigaciones en relación a la declaración de un menor de edad, de pseudónimo Eduardo cuya identidad trascendió años después como José Antonio Sánchez Barriga conocido en el sumario como Testigo Nº1, quien denunció el 8 de febrero de 1995 que en el Pub Arny eran obligados a mantener relaciones sexuales con los clientes. De esta manera se iniciaron las diligencias para judicializar una de las instrucciones más rocambolescas de la historia de España dirigidas por la magistrada María Auxiliadora Echávarri, el cual supuso hasta entonces el juicio más largo en su momento, una causa que aglutinó miles de folios por corrupción de menores.
El perfil demostrable del Testigo Nº1 no era más que el de una chaval carcomido por las drogas, delincuente habitual con un historial delictivo para nada envidiable, un buscavidas con numerosos antecedentes conocido por la policía, especialmente por quien instruía las diligencias de todos aquellos delitos por los que José Antonio Sánchez Barriga empezó a ser detenido durante su minoría de edad. Fue entonces, justo una semana antes de iniciarse el juicio y siempre según las cambiantes versiones del Testigo Nº1, cuando explicó públicamente que sus falsas acusaciones no eran más que la única vía de escape que le había ofrecido la policía para salir indemne de los numerosos delitos que ya venía acumulando y por los cuales podrían presentar una pena de cárcel que jamás llegaría, siempre y cuando accediese a presentar una denuncia contra Carlos Saldaña, implicando además al Juez de Menores de aquel momento. Todo ello, afirmó el Testigo Nº1, se produjo tras el pago de una suma de dinero y la entrega de una nueva identidad mediante un DNI para que el menor se adentrase en lo más profundo del Pub Arny.
José Antonio Sánchez Barriga se apoyó para excusarse en su fuerte dependencia a las drogas y el miedo insuperable en el que vivía debido a las amenazas y las coacciones que sufría con la única intención de evitar la cárcel. Fue precisamente el Fiscal Jefe Alfredo Flores quien apoyó parte de este relato, advirtiendo que las numerosas contradicciones de los principales testigos venían atendidas en razón de las amenazas, las coacciones y las torturas que estaban sufriendo, palabras que venidas de una alta autoridad de un tribunal no hicieron más que hacer tambalear los cimientos del caso.
LA PRENSA
A pesar del secreto sumarial comenzaron las filtraciones y la Audiencia Provincial de Sevilla se convirtió en un punto fijo donde una multitud de medios de información montaban guardia como patos en busca de migas de pan. El interés por desinformar era tal que diversos medios de tirada nacional acusaban abiertamente de dobles vidas por simples rumores de barrio. La totalidad de las acusaciones no eran capaces de sostenerse de ninguna manera, pero esto no era problema alguno para seguir vendiendo periódicos. El juicio paralelo ya tenía su veredicto y el verdugo público ya terminó de anudar la soga. Se perdieron empleos, hubo dimisiones y fallecieron familiares, mientras se mantenía la tensión suficiente como para tener a todo un país pendiente de la televisión.
Fue justo aquí cuando se empezaron a mezclar medias verdades con grandes mentiras produciendo la confusión generalizada a la que la prensa nos tiene muy acostumbrados desde los comienzos de nuestra más joven democracia. Curiosamente los nombres más llamativos resultaron todos ellos ser inocentes, aunque poco importaba ya a estas alturas después de haber montado el circo mediático. Diariamente el paseillo a los juzgados de la Audiencia Provincial era lo más parecido a una exposición carnavalesca que iba desde monigotes apuñalados, disfraces de penitentes o una avioneta sobrevolando la ciudad arrastrando pancartas con consigas a favor del amor libre homosexual.
Los nombres y posteriores imputaciones de Jorge Cadaval de los Morancos, el showman Javier Gurruchaga, Antonio Tejado hermano de María del Monte, el presentador Jesús Vázquez o Manuel Rico Lara, juez de Menores de Sevilla, levantaron las suficientes ampollas como para paralizar a un país entero. Caso más que llamativo el de estos dos últimos ya que ellos ni tan siquiera llegaron a pisar jamás el local. El 18 de marzo de 1996 a todos los nombrados les llegó su sentencia de absolución. El daño ya estaba hecho. Solo Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y Antonio Tejado reconocieron haber pisado el Arny, cada uno por diferentes motivos, pero no se pudo demostrar que jamás lo hiciesen para mantener relaciones sexuales con menores de edad. Con la no demostración de los hechos no pretendo sembrar una duda, sino todo lo contrario. En un Estado de Derecho nadie tiene que demostrar su inocencia y es precisamente por ello, por lo que judicialmente jamás existió un ápice de culpabilidad para los anteriormente nombrados.
Tras las filtraciones incluso a puerta cerrada, se prohibió a la prensa la entrada en sede judicial, lo que trajo un aletargamiento de la tensión informativa que no resultaba beneficiosa para los intereses más oscuros. El caso se enfrió. Esto fue aplacado con diversas entrevistas radiofónicas a todo aquel menor sevillano que se atreviese a decir que frecuentaba el Pub Arny con la intención de nombrar a algún famoso. Fue aquí, sin prueba alguna, cuando el Testigo Nº41 identificó a Jesús Vázquez como uno de los implicados en la causa y al Hermano Mayor de una de las Hermandades de la Semana Santa de Sevilla, además de la implicación de Manuel Ibáñez Ruíz, propietario de otros dos locales de ambiente que fueron cerrados con los que compartía clientela, "El 27" y "Valentino". Más que llamativo que la propia prensa califique estos hechos producidos en el sopor mientras acusaban de dobles vidas a la totalidad de nombres gratuitos que se aportaron a uno de los sumarios más viciados de nuestra historia judicial.
LA INSTRUCCIÓN, LOS IMPUTADOS Y LOS CONDENADOS
A raíz de las declaraciones del Testigo Nº1 en sede policial, el Grupo de Menores vigilaba la entrada y salida de clientes del Pub Arny, lo que trajo las detenciones de aquellos famosos que sí llegaron a entrar en el local además de la de su propietario, Carlos Saldaña y el encargado del mismo, José Antonio González Losada.
Una vez se produjeron las principales detenciones, todos ellos trabajadores del local, aparecieron numerosos testigos, hasta una totalidad de cincuenta y nueve menores de edad de entre 14 y 17 años que amparados en la Ley de Protección de Testigos hicieron imposible el reconocimiento de su identidad ni tan siquiera por parte de los abogados de la defensa, lo que supuso el desconocimiento total de por quiénes estaban siendo acusados de los delitos de tal gravedad, una situación bastante kafkiana.
Casi una totalidad de cincuenta abogados pidieron directamente la nulidad del proceso, entre otras cosas, porque no disponían del acceso necesario a la información relevante de cada una de las actas de declaraciones, lo que consideraron una vulneración por completo del derecho a la defensa de sus clientes. El propio fallo estableció de estos testimonios que muchos de ellos incurrían en contradicciones y mentiras, en especial del Testigo Nº1 afirmando que si la prensa le hubiese ofrecido una cantidad de dinero habría asegurado mantener relaciones sexuales con las más altas personalidades de nuestro país. La prensa como siempre ayudando en este tipo de situaciones a viciar la situación más de lo que ya de por sí se encontraba.
Fueron finalmente dieciséis condenados repartidos entre diez trabajadores y seis clientes. Las penas más altas fueron para Carlos Saldaña, propietario del local y José Antonio González Losada, encargado del mismo. A su vez, los clientes condenados más afamados pasaron a ser Manuel Mora Waflar, presentador de Canal Sur Televisión, tras probarse una negociación fiable entre dos menores para quién debería realizar una penetración anal, y Ramón de Carranza y Villalonga Marqués de Sotohermoso y Villapesadilla, tras las declaraciones del Testigo Nº48 quien trasmitió la seguridad judicial suficiente como para mantener su versión en relación a un coito anal que mantuvo con el acusado.
LA CARA B DEL CASO ARNY
Del Caso Arny se ha hablado mucho y en repetidas ocasiones algunos de los implicados han dado a conocer, a veces sin recalcar demasiado, los intereses que podían mover a todos esos menores que más allá de moverse por necesidades económicas y presiones ejercidas por terceros más poderosos, ninguno de ellos fue capaz de demostrar que llegasen ni tan siquiera a conocer a la amplia lista de implicados famosos.
Lo que quedó más que claro es que en las intimidades de aquel local un grupo de clientes disponían de reservados para explotar sexualmente a menores y aquella red estaba formada al menos por diez de sus trabajadores, entre propietarios, encargados, relaciones públicas, camareros y porteros de seguridad del que Carlos Saldaña era el encargado de captar por las poblaciones aledañas a nuevos jóvenes interesados, a pesar de que siempre declarase que estos fichajes jamás llegaron a ser menores de edad.
No obstante, a pesar de que todo lo dicho aquí es una realidad objetiva, podría parecer demasiado desproporcionado alimentar la importancia de un caso de corrupción de menores sumándole a ello una pequeña legión de afamados homosexuales. Personajes de la talla del Marques de Sotohermoso o Manuel Mora Waflar, se podrían considerar lo suficientemente importantes como para darle renombre al asunto y terminar destrozando la reputación del local, más cuando en las investigaciones se observó al menos la presencia de tres personajes famosos.
Llegados a este punto, ¿dónde residía el interés por implicar a Jesús Vázquez? Todo apuntaba a un hombre poderoso que no llegó ni a conquistar su corazón, ni a meterse en su cama, del cual aun no ha trascendido identidad alguna.
Jesúz Vázquez ha sido posiblemente el famoso que más abiertamente ha llegado a desahogarse con todo este tema y que siempre se mantuvo con la fuerza y la entereza suficiente como para no llegar a perder los papeles, a pesar incluso de que aquel calvario judicial le arrebatase a su madre tras caer en una profunda depresión, enferma ya de un cáncer.
El presentador ya en Tómbola apuntó a varias razones por las cuales podrían existir intereses en implicar a la importante cúpula de faranduleros homosexuales que triunfaban con fervor en sus respectivos puestos de trabajo, algo que además de resultar molesto a cierta parte de la sociedad, enturbiaba lo suficiente como para que nadie fijase el foco en la verdadera razón de todo, una importante millonaria trama de estafas con altos cargos implicados. Para llegar aquí solamente había que bucear en los antecedentes penales del propietario del local, Carlos Saldaña.
ESTAFAS INMOBILIARIAS Y EL CASO TRAGAPERRAS
Los terrenos donde se encontraba el Pub Arny comenzaron valiendo 20 millones de pesetas para terminar, justo antes de este proceso judicial, en la nada desdeñable cifra de 500 millones de las mismas. Cerrar el local era prioridad absoluta para comprar la totalidad del edificio, tirarlo y realizar una nueva construcción, algo que muy curiosamente ocurrió años después.
Corría el año 1987 cuando Francisco Morillo, Delegado Provincial de la Consejería de Gobernación de Sevilla, fue acusado de prevaricación y malversación de fondos por la concesión a dedo de 367 licencias para máquinas tragaperras, justamente a una empresa relacionada con Juan Guerra, el hermano de por aquel entonces Vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Fue Manuel Mora, empresario y propietario de Recreativos Astigi quien se benefició de dichas concesiones.
Tan solo un año después el socialista Juan Guerra evitó una investigación policial sobre el mismo departamento que realizó dichas concesiones.
Todo esta maraña de estafas podría resultar bastante inconexa con el Caso Arny hasta que, miren ustedes que curioso, el mismo Carlos Saldaña acumuló veredictos, como bien mencionó de soslayo la prensa, por varios delitos de negocios inmobiliarios y estafas de tragaperras. Podría pasar como una simple casualidad la coincidencia con las estafas inmobiliarias, pero resulta bastante imposible de creer en la inexistencia de un nexo común tratándose de un tema relacionado con tragaperras, cuando precisamente las concesiones de las mismas son de responsabilidad pública.
Sumémosle a todo esto la presencia de otro de los condenados, Luis Miguel Rodríguez Pueyo, quien se presentó en los juzgados disfrazado de nazanero entre otros atuendos, por cuyo pellejo recorren más de treinta años de hechos delictivos, entre los que destacan numerosas estafas inmobiliarias o varios secuestros, curiosamente algunos de ellos a constructores, acusado a su vez de ser quien organizaba orgías con menores en un piso de la Calle Betis, las cuales grababa para visualizar después en el Pub Arny junto a los demás clientes.
Toda esta patata caliente y esta red clientelar de concesión de favores millonarios no podía explotar por culpa de una investigación en relación un local de ambiente que albergaba en su interior la explotación sexual de menores, algo que al menos absolutamente nada tenía que ver con la cúpula de la Delegación de Gobierno de Andalucía cuya responsabilidad recaía en Juan Guerra. He aquí el verdadero interés en sacar nombres de famosos como quien saca conejos de una chistera. Una maravillosa maniobra de distracción.
Dos años después de aquella sentencia tan esperada, con las aguas más que calmadas, fue cuando se declararon prescritos la totalidad de los delitos en relación al Caso Tragaperras. Este dilación beneficiosa para los acusados llevo consigo que ninguno de ellos, ni los políticos, ni los empresarios, tuviesen que cumplir pena alguna ni de prisión, ni por supuesto de inhabilitación, gracias a la nueva reforma del Código Penal de 1995 llevada a cabo por el Gobierno socialista de Felipe González, la cual entre su articulado reducía la prescripción de dichos delitos a la cuantía de tres años, mientras un país entero estaba más pendiente de la imposición de penas más fuertes para que jamás ocurriese el horror que sufrieron Miriam, Toñi y Desiré en la localidad de Alcàsser.
Curiosamente fue el mismo Fiscal Jefe del Caso Arny, Alfredo Flores, quien afirmaba que los testigos menores estaban siendo coaccionados, el que presentó un auto de reclamación a la sala al entender que dichos delitos no habían caducado, señalando los errores que contenían los informes favorables a todos los implicados. Judicialmente no sirvió de nada. Todos se fueron indemnes.
Curiosamente fue el mismo Fiscal Jefe del Caso Arny, Alfredo Flores, quien afirmaba que los testigos menores estaban siendo coaccionados, el que presentó un auto de reclamación a la sala al entender que dichos delitos no habían caducado, señalando los errores que contenían los informes favorables a todos los implicados. Judicialmente no sirvió de nada. Todos se fueron indemnes.
EN LA ACTUALIDAD
José Antonio Sánchez Barriga, Testigo Nº1, aceptó en 2004 la condena de quince años de prisión por un delito de asesinato. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera que copio y pego directamente de la noticia:
"Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2004 cuando, según el escrito de la Fiscalía, el acusado conoció a F.F.B., de 72 años, en un bar cercano a la estación de Santa Justa. Ambos acordaron mantener relaciones sexuales por las que el difunto pagaría una cierta cantidad de dinero en efectivo, trasladándose en el coche del anciano a un criadero de cerdos abandonado en la A-3104 entre Sevilla y Los Rosales. Supuestamente ambos se introdujeron en una nave y, tras mantener relaciones homosexuales no concretadas, el hombre mayor pidió que el joven le penetrara, a lo que éste se negó. Entonces, el anciano le dijo que no le pagaría lo estipulado, mostrándose el joven "contrariado" por la respuesta y cogiendo del suelo un trozo de viga con el que "le asestó innumerables golpes en la cabeza, hiriéndole de muerte" al producirle numerosas heridas, fracturas, deformaciones y contusiones. La "brutal agresión" dejó al hombre derrumbado en el suelo, desde donde dijo "con un hilo de voz" que el procesado le diera unas píldoras que tenía en un bolsillo, según el relato del fiscal. El joven sacó un pastillero metálico, que dejó junto a la víctima, y dos euros que decidió tomar en su propio beneficio, abandonando el lugar en el turismo del anciano hacia la localidad de Brenes. Al día siguiente, el acusado cogió de nuevo este coche y se dirigió a San José, donde colisionó con una farola del alumbrado público, dejando en ese lugar el vehículo no sin antes coger la documentación del mismo y la cartera de la víctima, si bien dejó "olvidada" en el maletero del turismo su cazadora. El anciano falleció, en hora y día que no han podido concretarse con exactitud, a consecuencia de los golpes y en el mismo lugar donde fue abandonado. Su cuerpo fue hallado casualmente por unos jóvenes el 31 de marzo de 2004, justo una semana después."
Además, aunque pueda parecer que veinte años son suficientes como para olvidarlo todo en 2016 la Audiencia Provincial de Sevilla archivaba la petición de responsabilidad civil que aun quedaba pendiente dando la Fiscalía el visto bueno. Esto lleva consigo el cierre toda de indemnización posible por los hechos acaecidos. La mejor manera para que a la Administración nada de lo encausado le cueste dinero.
La pena de todo esto es que se le diese veracidad por el hecho simple de ser menor de edad al testimonio de alguien del que hace ya veinte años se vislumbraba su inoperancia para mantener dos verdades continuadas y del que incluso dos décadas después, todavía cobarde e incapaz de mostrar su rostro aun condenado por asesinato, no ha sabido encontrar la manera de abandonar una vida de malos vicios, prostitución y crímenes. ¿Dónde estaban los psiquiatras y los psicólogos forenses? ¿Por qué no existe responsabilidad personal por una instrucción tan desastrosa? ¿Por qué el mero testimonio de alguien a quien te prohíben tan siquiera ver, es suficiente como para enterrarte en vida?
El Caso Arny se llevó por delante la vida y la reputación de muchos inocentes por culpa de una instrucción que más allá de la persecución de un delito, cortó demasiadas cabezas de personas inocentes que nada tenían que ver. Unos vieron perecer su salud y ya nunca fueron los mismos, algunos dimitieron del cargo que jamás recuperaron por no ensuciar la imagen de aquello que representaban, otros directamente llegaron a fallecer. Con el paso de los años para algunos fue simplemente un caso de prostitución infantil, para otros el último ataque al corazón de la comunidad gay. En cambio, otros analistas siempre tuvieron en mente que el Caso Arny solamente se llevó unos meses de distancia con el Caso Filesa, por el cual el PSOE fue condenado por financiación ilegal con más de 1200 millones de pesetas obtenidos de manera irregular gracias a un entramado de empresas que se repartieron los gastos originados en la campaña electoral de 1989, sin olvidar que durante estos años, además de compartir espacio con Las Niñas de Alcàsser, se iniciaron los juicios por el Caso GAL cuyos hechos terminaron de ser ratificados en 1998 por el Tribunal Supremo.
De lo que no cabe duda es que cuanto más tiempo se hablase de la farándula televisiva, menos tiempo le dedicaría la gente a las cloacas del Estado.